El sector cinegético insiste: no se sentará con el Gobierno si no retira la Ley Animalista y la reforma del Código Penal

Las principales entidades de representación de los cazadores rechazan acudir a una reunión con la Dirección General de Derechos de los Animales: se les convocó con poca antelación y sin orden del día

7 de diciembre de 2022. El sector cinegético ha reiterado este miércoles que no se prestará a maniobras políticas en torno a leyes y reformas legislativas que afectan a la caza. Así las cosas, las principales entidades representativas de los cazadores en España han rechazado, unidas, asistir a una reunión para este mismo miércoles a instancias de la Dirección General de Derechos de los Animales.

Este organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Unidas Podemos) convocó al encuentro a la Real Federación Española de Caza (RFEC), socios de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Fundación Artemisan y Asiccaza con 36 horas de antelación en días festivos, sin orden del día de la reunión y sin información sobre los asistentes que acudirían, en lo que parece un intento de utilizar al sector con intereses políticos.

La convocatoria por parte de la dirección general que capitanea Sergio García Torres es escueta y refleja que la reunión que impulsan tiene como objetivo hablar sobre las conclusiones de un encuentro celebrado el pasado viernes, 2 de diciembre, sobre el que el sector no tiene constancia alguna ni ningún tipo de información sobre los temas tratados.

El sector considera que esta reunión llega tarde y carece de cualquier utilidad, y asegura que no se prestará a limpiar la imagen de lo que ha sido una tramitación oscura y falta de cualquier tipo de rigor de dos normativas que van a afectar a millones de personas y en la que no se ha tenido en cuenta a los afectados.

Una vez terminado el plazo de alegaciones y el trámite de presentación de enmiendas, las entidades que representan a los cazadores consideran que no tiene sentido alguno sentarse a hablar con el Gobierno de la Nación, y aseguran que la única solución posible pasa por paralizar ambos proyectos y comenzar su redacción de cero teniendo en cuenta, ahora sí, a todos los actores implicados.

En este sentido, las citadas entidades recuerdan que han sido numerosas las veces que organizaciones del sector se han ofrecido a dialogar, a colaborar y aportar mejoras a los proyectos, ofrecimientos que fueron rechazados una y otra vez durante su tramitación. De hecho, ni si quiera se permitió la asistencia a las organizaciones de cazadores a la presentación del borrador del proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales.

De la misma manera se rechazó en reiteradas ocasiones la posibilidad de participación del sector en la tramitación de las normas y solo se abrió el periodo de escucha a expertos y afectados una vez pasado el trámite de presentación de enmiendas, cuando ya no existía posibilidad de modificación o mejora de las normas, en lo que supone una falta de respeto e interés en el consenso inaudita por parte de los promotores de ambos proyectos.

En esta misma línea, recuerdan que el pasado 20 de marzo, más de medio millón de personas clamaron en Madrid en contra de ambos proyectos, en la manifestación más grande de los últimos tiempos, que logró que numerosos partidos pidieran la paralización de ambas normas y modificaciones sustanciales, pero que no sirvió para que esta Dirección General de Derechos de los Animales variase su hoja de ruta.

Desde entonces, han sido cientos las voces de expertos, científicos, profesionales, agentes del mundo rural y afectados que se han unido en la advertencia de que estas leyes tendrían nefastas consecuencias para la sociedad y para los propios animales si se aprueban, pero la cerrazón ideológica de sus promotores ha eliminado cualquier opción de mejora que pudiese evitar los daños que acarreará su aprobación, como ya está pasando con otras normativas aprobadas en las últimas semanas.

Por ello, el sector cinegético afirma que no dará un paso atrás y emplaza a la Dirección General de Derechos de los Animales a retirar ambos proyectos.

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