La Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA) considera inasumible el proyecto de ley de bienestar animal, que fue aprobado el pasado lunes en el Consejo de Ministros.

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no excluir del texto legal a los perros de caza y a los de pastoreo hará que muchos cazadores de la Comunidad renuncien a la actividad ante la posibilidad de que sus animales sufran heridas (que pueden sufrir los perros debido a la embestida de un jabalí o al adentrarse en las marañas de zarzas cuando persiguen a sus presas) en las batidas, pues según el nuevo texto legal estas pueden derivar en una sanción penal de hasta 200.000 euros.

FARCAZA advierte que este y otros puntos de la regulación impulsada por el Gobierno de la Nación podrían provocar un abandono masivo de la actividad cinegética en un momento en que la sobrepoblación de especies como el jabalí, el corzo o el conejo pueden comprometer el futuro de la economía rural.

Desde FARCAZA también se expresa la sorpresa ante la decisión de hacer obligatorio para la actividad cinegética la tenencia de un transporte "con climatización y ventilado" para las jaurías de perros en sus transportes.

"O sea, yo puedo tener un coche viejo sin aire acondicionado en el que puedo llevar a mi mujer y a mi hija pero no al perro", apunta el presidente de FARCAZA, Miguel Ángel Girón, en unas declaraciones que han sido recogidas por la Agencia Efe.

Girón también ha destacado que el Gobierno de Aragón se muestra "sensibilizado" a las demandas de los cazadores aragoneses y ha señalado que en este Ejecutivo existe preocupación ante la posibilidad de que el abandono de la caza del jabalí pueda favorecer la propagación de la peste porcina en Aragón, una comunidad autónoma con una cabaña de cerdos "inmensa" y un mercado "impresionante" que tiene un impacto significativo en el PIB regional.

"La única forma de controlar la peste porcina es controlando la población de jabalí, y el sistema más eficaz para esto es la caza", ha añadido Girón, para quien la propagación de la enfermedad sería "la ruina" para muchas familias del medio rural.

Desde FARCAZA se recuerda igualmente que la "plaga de conejos" también causa daños a las explotaciones rurales, mientras que el corzo daña a los frutales en el momento de su floración en el ramoneo de las hojas.

"Sólo el año pasado se cazaron más de un millón de conejos en Aragón", ha recordado Miguel Ángel Girón, que ha expresado su confianza en que las gestiones llevadas a cabo por el Ejecutivo aragonés para tratar de sacar a los perros de caza y de pastoreo de la referida ley surjan efecto.

Unas gestiones en las que se implicó directamente el presidente de Aragón, Javier Lambán, que le remitió semanas atrás una carta a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Derechos Sociales, Ione Belarra, para instar a la exclusión de estos perros de la ley.

"Es curioso que las guarderías no estén obligadas a disponer de un sistema de climatización y sin embargo se exija para el transporte de los perros", subraya Nicolás Urbani, veterinario y asesor técnico de FARCAZA.

Urbani incide en la necesidad de que los animales vinculados al medio rural como los canes, pero también los hurones, estén excluidos de la citada ley. "El Gobierno aragonés está muy sensibilizado porque la situación es particularmente grave en esta Comunidad si dejamos de cazar, ya que aún cazando, y aquí somos muy eficientes en el control de estas plagas, sigue habiendo daños agrícolas, pero también accidentes de tráfico", ha remarcado.

El asesor técnico de FARCAZA incide en que este proyecto de ley no sólo genera riesgos para la transmisión de enfermedades para la cabaña de porcino, lo que "provocaría el caos en el medio rural", sino otras como la tuberculosis, capaz, ha añadido, de afectar al ser humano.

FARCAZA está valorando la posibilidad de impulsar una movilización contra el proyecto de ley de protección animal como la del pasado 20-M, que el pasado marzo reunió en Madrid a kiles de cazadores de todas las comunidades del país.

Declaraciones desde el Gobierno de Aragón

Este viernes, precisamente, el Ejecutivo que preside Javier Lambán ha reaccionado a la luz verde al polémico proyecto de ley. El consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Joaquín Olona, ha recordado que desde la Comunidad se instó la exclusión de la ley de bienestar animal los perros de caza y de pastoreo dado los "problemas" generados en el medio rural.

Olona ha insistido en que a pesar de que la ley responde a una "demanda social", aún se está a tiempo de que en trámite parlamentario se reconsidere la inclusión de estos perros.

"Si hacemos el trabajo imposible a los pastores, no sé como vamos a tener la ganadería extensiva que demandamos", ha incidido el consejero.

Olona ha recordado que esta ley lleva asociada una reforma del Código Penal que establece responsabilidades penales en relación a todos los animales vertebrados, incluidos los silvestres, algo que, en su opinión, "hay que pensarlo un poco mejor".